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Rafael Alberto Sánchez  Escó

Rafael Alberto Sánchez Escó

La transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales así como la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales se erigen como el eje vertebrador sobre las que se van a desarrollar las nuevas reformas. Tanto en el asunto Ratti como en el asunto Becker, el TJCE exige, para reconocer el efecto directo de las directivas, que el Estado no lleve a cabo la transposición adecuada de las directivas, bien porque haya expirado el plazo concedido a los Estados Miembros para su adaptación interna, o bien porque, en su caso, dicha adaptación tenga lugar pero de forma deficiente o insuficiente. De hecho, en tiempos más recientes el TJCE ha ido más allá, el TJCE afirmando que la adaptación del Derecho interno a una directiva debe garantizar efectivamente la plena aplicación de ésta. No obstante, en todos los casos en que una directiva ha sido correctamente aplicada, la STJUE de 15 de julio de 1982, Felicitas Rickmers , afirma efectos que alcanzan a los particulares a través de las medidas de aplicación adoptadas por el Estado Miembro afectado. Al ser un tema de derechos fundamentales que postula una aplicación extensiva entendemos que en estos puntos posee un efecto vinculante para los Tribunales sin esperar la vacatio legis.

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