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Lucia Giurgeca

Lucia Giurgeca

No es infrecuente que en las conferencias y seminarios que imparto a otros compañeros salga a relucir el tema del incumplimiento de nuestras obligaciones deontológicas y sus consecuencias. En este contexto, llama la atención el hecho de que muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, desconozcan o no recuerden la existencia de un precepto del Código Penal por el que se sancionan criminalmente algunas de estas conductas que, erróneamente, solo consideramos perseguibles por vía deontológica o a través de la vía judicial civil como puede ser, a modo de ejemplo, la prescripción de acciones o caducidad de recursos debido a nuestra inactividad profesional.

Sin embargo, dicho precepto existe, y hoy nos vamos a ocupar a realizar un breve recorrido por el mismo con el fin de facilitar su conocimiento y con ello contribuir si cabe al reforzamiento de las prevenciones que todo abogado debe realizar en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones deontológicas.

El Título XX del vigente Código Penal, titulado De los Delitos contra la Administración de Justicia, alberga en su Capítulo VII (De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional) el artículo 467.

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