Alejandro Chavarría Flores in Abogados jóvenes y pasantes., Abogados y Letrados, Abogados 9 años • Servicios Juridicos y Periciales Profesionales. Oct 5, 2019 · 5 min read · ~100

PRINCIPIOS QUE DEBE OBSERVAR EL ESTADO, AL IMPLEMENTAR LA POLÍTICA CRIMINAL.

EL CONCEPTO DE POLITICA CRIMINAL.

El término de Política Criminal se atribuye por unos a Quistorp, por otros a Kleinshrod y otros a Feuerbach, este definió a la política criminal, como el conjunto de procedimientos utilizados en un momento dado para combatir la criminalidad, esta consiste en descubrir y organizar racionalmente las muchas soluciones posibles con los diversos problemas de fondo y de forma que tiene el fenómeno criminal.

Se dice que la política criminal está sustentada en una filosofía penal, que reflexiona sobre los fundamentos de la justicia, la legitimidad y los límites del derecho de castigar, los derechos del hombre, el tratamiento de la sociedad a los delincuentes y el rol de la moral en la regulación de la vida colectiva.

Bernat de Celes señala que en términos de Política Criminal, esta se refiere a la política que persigue el gobierno de un país en lo que concierne a:

1. - la aplicación del derecho penal,
2. - la revisión del derecho penal,
3. - la prevención de la delincuencia.
4. - la administración de la justicia criminal (comprendiendo la policía)
5. - el tratamiento al delincuente.

Se dice que la Política Criminal al tener estrecha relación con la legislación existente como parte de las políticas adoptadas por el Estado para el combate a la delincuencia, debe tener efectos resocializadores en la personalidad del delincuente.

Naciones Unidas recomienda enfocar la Política Criminal como parte de la política general y añade que debe ser debidamente integrada con las demás, relacionadas con objetivos democráticos debiendo incluir todo aquello que pueda prevenir la criminalidad, apuntando además que debería formularse un modelo de Política Criminal.

Doctrinariamente, la política criminal se ve nutrida de varias ramas del conocimiento tales como la sociología, ciencias políticas, Derecho, criminología entre otras.

De acuerdo con José Díaz de León, en su texto denominado REFLEXIONES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL EN MÉXICO, refiere que: La delincuencia en nuestro país, entendida en un sentido amplio como cualquier tipo de manifestación criminal observable en una colectividad humana, constituye un fenómeno social de grave entidad, dado que incide directamente en el bienestar y seguridad social de todos los habitantes de nuestro país, al atentar de manera directa contra una serie de valores humanos considerados como de mayor envergadura, tales como la vida, la libertad, la salud colectiva, la propiedad, entre muchos otros; de ahí que resulte válido afirmar que la delincuencia in genere es una amenaza para todo Estado de derecho y para la estabilidad político-social de cualquier nación”. Asimismo, Díaz de León señala que el ius poenale ha jugado un importantísimo papel como herramienta de control social, cuya legitimación subyace en el hecho de que las leyes penales son necesarias para el mantenimiento de la forma de la sociedad y del Estado. Asimismo define a la política criminal como una sistematización sociopolítica y jurídica de las prioridades, actividades y medios dirigidos al control y eventual erradicación de los fenómenos delincuenciales suscitados en un territorio determinado.

Puede decirse en términos de lo reseñado, que la Política Criminal, consiste en un conjunto de medidas empleadas por el estado, para hacer frente a la criminalidad, esta política tiene la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia, ello desde luego, respetando el Estado de Derecho, por ello, es de suponerse que la política criminal al ser respetuosa del estado de derecho de corte democrático, debe observar los siguientes principios:

PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD.

De acuerdo con este principio el Estado, a pesar de contar con su facultad de imperio, debe quitarse la investidura de ente soberano y realizar una construcción técnica artificial, que es el proceso, con la finalidad de tutelar y salvaguardar los derechos fundamentales del ciudadano ante la aplicación de una medida tan relevante como es una sanción penal. Esta construcción “técnica artificial” elimina la posibilidad de cualquier “selección” personal y otorga reglas claras (derecho adjetivo) ante la aplicación del derecho penal sustantivo. Esta, pues, es una garantía de política criminal, que impone limitantes al mismo Estado para la aplicación de la sanción y así requiere que, antes de la sanción, se deba llevar un proceso ante los tribunales judiciales previamente establecidos, observando todas las garantías procesales existentes. Este principio se considera fundamental, y necesariamente se vincula con el principio de legalidad señalado en líneas anteriores.

PRINCIPIO DE LA PREVENCIÓN

La pena debe tener la función no sólo de retribuir, sino también de prevenir el crimen. La pena se justifica por la ejemplaridad de su aplicación. La prevención vista, pues, desde la esfera de prevención general, para evitar futuras conductas ilícitas y, en especial, para evitar la reincidencia. Una exigencia incuestionable para el estado de derecho contenida en el principio nulla poena sine lege.

EL PRINCIPIO DE ACTO O CONDUCTA

Este principio se refiere a la necesaria vinculación delito-conducta. Los tipos penales sólo prohíben u ordenan acciones u omisiones. Se garantiza entonces un derecho penal de acto y se elimina la posibilidad de aplicar un derecho penal de autor. Se castiga por lo que se hace o deja de hacerse cuando existe una norma prohibitiva o una norma preceptiva, no “por lo que se es”.

PRINCIPIO DE BIEN JURÍDICO

El bien jurídico se refiere a la tutela de un ente protegido por el Estado; cuando el legislador observa que ese “ente” es valioso para el ser humano, aplica una tutela prevista en una norma. Hablamos aquí entonces de un bien jurídicamente tutelado. Cuando ese ente resulta ser de gran valía y de fundamental protección para el creador de la ley, y requiere tutelarlo mediante una norma penal, lo vincula a la descripción típica de una hipótesis legislativa que tutelará desde el ámbito de las leyes penales. Como lo señala Moisés Moreno Hernández: “El derecho penal se caracteriza por proteger los valores fundamentales del orden social, por ello, debe limitarse al castigo de conductas que violan los más elementales deberes ético-sociales. Elemento fundamental para que sea admisible la tipificación de un delito es que exista una necesidad social digna de protegerse. Esa necesidad social es condición sine qua non para dar intervención al derecho penal. Si no nos encontramos ante un bien jurídico que merezca ser protegido penalmente, se estaría violando el principio de la intervención mínima penal.

Dentro de este principio, se encuentra un “doble carácter fragmentario”: permite proteger los bienes jurídicos fundamentales de una comunidad, y sobre la base de ataques que realmente impliquen peligro o menoscabo a estos bienes jurídicos. “Donde basten la reparación del daño y la indemnización del perjuicio, ha de retraerse el derecho penal, por ser la pena la reacción más enérgica”. Una característica más de este principio en relación con los bienes jurídicos es que los que serán protegidos se encuentran vinculados con valores e intereses que son percibidos universalmente en la conciencia de todos los ciudadanos como comportamientos “capaces de desencadenar la reacción social”, es decir, de suscitar indignación moral e irritación, en la colectividad.

PRINCIPIO DE TIPICIDAD

Está relacionado al tipo penal como garantía de legalidad. Las conductas que aparejan una sanción deben estar consideradas en una hipótesis normativa preceptuada en un cuerpo legal. Para el castigo, entonces, debe existir una perfecta adecuación entre los elementos de la descripción típica y la conducta desplegada por el actor de la misma.

No existe pena sin tipicidad. Este principio debe referirse también a la antijuridicidad de la conducta ya que, como sabemos, el encuadramiento de una conducta al tipo sólo indicia la antijuridicidad. Podemos entonces señalar que para el estudio de la existencia del delito sobre la base de la relación lógica de los elementos del delito, debe fincarse la misma en la existencia de una conducta que reúna todas las circunstancias y supuestos del tipo penal que se trate.

PRINCIPIO DE CULPABILIDAD

En este principio se estudia el grado de la pena. Esto es, la cantidad de sanción que debe acompañar a un tipo penal, los límites y máximos alcanzados en cuanto a la imposición de la pena por una conducta cometida. La pena, pues, no debe rebasar la medida de culpabilidad. Aquí, el principio de culpabilidad tiene la función de “asegurar al particular que el Estado no extienda su potestad penal más allá de lo que le corresponde a un individuo respecto a su responsabilidad”.

EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y RETRIBUCIÓN

Encontramos en este principio varios fundamentos sobre la relación culpabilidad-responsabilidad, así como fundamentos constitucionales de legislación sustantiva y adjetiva que debe garantizarse si contamos con una política criminal adecuada.

En primer lugar, nos referiremos a la garantía constitucional de demostrar la culpabilidad de un sujeto conforme a las leyes establecidas por el orden positivo. De la misma manera y relacionado con el precepto estudiado en líneas anteriores, veremos que la aplicación de una pena debe ser justa retribución de la conducta cometida y con la sanción equivalente al grado de culpabilidad demostrado. Así pues, la pena entendida como retribución (además de su finalidad preventiva) debe ser equivalente, e impuesta con legalidad. De aquí, pues, la necesidad de contar con ordenamientos penales que equilibren, y no adopten medidas ni de flexibilidad ni de exceso en el quantum de la pena. Por otra parte, y en atención a la búsqueda de la certeza y a la carga probatoria, se señala la necesidad de que el Ministerio Público demuestre la culpabilidad del sujeto antes de la aplicación de una medida penal.

PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN

El derecho penal, por la naturaleza de la sanción, por la relevancia de los bienes jurídicos que tutela, debe ser la última ley aplicable. Nos encontramos entonces a la ley penal como última ratio legis. Siempre que se puedan utilizar otros medios menos drásticos para ordenar una determinada conducta con eficacia, debe prescindirse del derecho penal; “que para el logro de sus objetivos debe previamente acudir a otros medios jurídicos menos drásticos, y sólo cuando éstos resulten insuficientes e ineficaces debe acudir al derecho penal, siempre y cuando se tenga la plena convicción de que éste será el mejor recurso”

Es válido comentar que existen bienes jurídicos que requieren de una tutela por parte del Estado, y que en ocasiones la tutela puede darse por medios distintos al derecho penal que garantizan precisamente el respeto a los mismos; estamos hablando de medidas de derecho administrativo e, incluso, de otro tipo de medidas que resultan menos lesivas en cuanto a la sanción para el infractor de la norma. Este principio, que es complementado con el principio de bien jurídico, garantiza que únicamente los bienes de mayor valía permitan la aplicación de una norma que tutelará penalmente los intereses sociales contenidos en la misma.

PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD

Este principio señala la facultad del Estado para planificar, actuar y adoptar las medidas necesarias para combatir la criminalidad. La facultad se encuentra referida a la soberanía estatal, su forma de gobierno, el bien colectivo y los fundamentos constitucionales que dotan de validez los actos de autoridad tendiente a prevenir y a reprimir las conductas delictivas. El Estado, como expresión de la sociedad organizada, está facultado para reprimir la criminalidad por medio de los instrumentos de control social (legislación penal sustantiva y procesal, policía preventiva, órganos de procuración de justicia penal, tribunales e instituciones de readaptación social) que constituyen la legítima reacción de la sociedad, dirigida a la reprobación y condena del comportamiento desviado de los individuos y a la reafirmación de los valores y de las normas sociales.

Podemos aseverar que de acuerdo a las diversas posturas teóricas con respecto a la política criminal, que esta se encarga del estudio y descripción de la reacción social con respecto a la delincuencia y de la determinación de los lineamientos que el Estado deberá seguir, a fin de lograr una mayor eficacia en el combate de esta. La política criminal es una parte de la política general que adopta un Estado.

PRINCIPIOS QUE DEBE OBSERVAR EL ESTADO, AL IMPLEMENTAR LA POLÍTICA CRIMINAL.