El Suministro Inmediato de Información en el ámbito del IVA

El Suministro Inmediato de Información en el ámbito del IVA

En esta ocasión, quiero analizar algunos aspectos acerca del Suministro Inmediato de Información (en adelante, SII) en el ámbito del IVA. Este nuevo sistema de gestión del IVA se encuentra regulado normativamente en el Real Decreto 596/2016, de 2 de Diciembre, y básicamente consiste en la obligación de remitir a través de la Sede electrónica de la AEAT, los registros de facturación integrantes de los Libros registro de los sujetos pasivos del IVA, además de otras informaciones de relevancia fiscal.

Coincido con la unánime impresión de que su implementación resulta más que necesaria habida cuenta de los avances tecnológicos y a la agilidad que implica su uso con respecto a la transmisión de información con trascendencia tributaria. Si no hiciéramos un cabal uso de las nuevas tecnologías a nuestro servicio nos hallaríamos ante un absoluto incongruente; además, es importante incidir en que el Art. 14.2.a) LPACAP establece como derecho- obligación relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas a las personas jurídicas, es decir, a las empresas. También es cierto que su ámbito de aplicación queda circunscrito, con carácter de obligatorio, únicamente a las Grandes Empresas –aquellas con un volumen de facturación superior a 6.010.121,04 €-; sujetos pasivos Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA) y sujetos pasivos acogidos al régimen de Grupos de IVA, (Art. 1º RD 596/2016 en relación al Art. 30 RIVA), siendo de carácter voluntario la inclusión con respecto al SII (con la particularidad de que es obligatoria su permanencia durante, al menos, un año natural (Art. 1º RD 596/2016 en relación al Art. 68 Bis RIVA). La inclusión voluntaria y su renuncia se realizarán mediante la presentación del modelo 306 de Declaración Censal de alta, modificación y baja en el Censo de obligados tributarios. Pero, dicho lo anterior, considero como causa real de la promulgación del Real Decreto 596/2016 de 2 de Diciembre, más que la intención declarada de control y prevención del fraude fiscal, en razones de índole de elevar la potestad y funciones, no ya de la gestión e inspección tributarias sino con causa, no declarada por supuesto, de implementar nuevas medidas de presión inspectora de la AEAT, al margen de adelantar el pago del IVA con su consecuente disponibilidad económica del impuesto por parte de la Administración tributaria. Como ventajas adicionales a las antes referidas quiero citar e incidir en que toda la información que se suministre a la Administración tributaria, supone una simplificación en cuanto a trámites administrativos de la liquidación del Impuesto, pudiendo incluso convertirse en una poderosa herramienta de información y asistencia al contribuyente, obligación que haya reflejo normativo, entre otros, en el Art. 85 LGT. También y en base a la información facilitada, el contribuyente podrá corregir posibles errores cometidos en el proceso de emisión de facturas sin necesidad de ser requerido por la Administración tributaria, lo que redundará en una disminución de requerimientos de todo tipo por parte de la AEAT, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar los Libros registro, las facturas o datos contenidos en ellas para su comprobación, lo que a su vez permitiría a la Administración tributaria desviar esos recursos humanos, temporales y de todo tipo a actividades destinadas a la gestión e inspección tributarias. Su implementación constituirá asimismo una estandarización de la forma de llevar los tradicionales Libros Registro de IVA y conlleva una reducción de las obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de los Modelos 347, 340 y 390. Al disponer la Administración tributaria de una información mucho más detallada y en unos plazos de tiempo casi reales, las devoluciones del IVA debieran verse notablemente agilizadas. Con la información “cruzada” (si el cliente y el proveedor están acogidos al SII), se eliminan posibles errores y dificulta el fraude fiscal. Al ofrecer datos de contraste de la información procedentes de terceros se convertirá en un eficaz mecanismo de control tributario, tal lo que redundará en aras del principio de seguridad jurídica.


Siguiendo con el apartado de ventajas del SII, quiero hacer notar que uno de ellos y no poco trascendente es la posibilidad de realizar modificaciones tras el envío de los datos remitidos a la Administración tributaria. Este supuesto y su solución, que puede ser debido a error material o de cualquier otra tipología, se contemplan en el Art. 1 Trece RD 596/2016, de 2 de Diciembre, que modifica el Art. 70 RIVA. La rectificación tendrá que efectuarse al finalizar el periodo de liquidación mediante anotación que determine, para cada período de liquidación, el impuesto devengado y soportado, una vez practicada la rectificación. Caso de tratarse de bienes de inversión, las rectificaciones se anotarán en el libro registro de bienes de inversión junto a la anotación del bien al que se refieran, identificándose como tal.

Con respecto a la ventaja que supone la agilidad e inmediatez en cuanto a la disposición de la información suministrada mediante el SII a la Administración tributaria, información que, por otra parte se encontrará contrastada convirtiéndose, por tanto en una información más veraz e incluso dotando de seguridad jurídica a los sujetos pasivos, ambos hechos podrían permitir a la Administración tributaria, adelantar las devoluciones del IVA devengado solicitadas. En principio tiene toda la lógica, pero no existe un compromiso como tal y en firme por parte de la Administración tributaria, ya que únicamente supone un “propósito de buenas intenciones” sin más contenido normativo-obligacional, dado que únicamente tienen derecho a la devolución del IVA en un plazo de tiempo menor (30 días), las empresas inscritas en el REDEME


En relación a la evitación del insufrible fraude fiscal en nuestro país, bien es cierto que con esta medida se disuadirá a los defraudadores fiscales, pero también es cierto que el problema no radica en quien lleva adecuadamente sus registros contables y declara y tributa según ellos, sino en quien lleva una doble contabilidad y se encuentra actuando ilícitamente: a esas personas, que “haberlas, haylas” las obligaciones que impone el SII y sus plazos de presentación les resultan indiferentes porque no les afectan, o les afectan parcialmente. Por ello y en otro orden de cosas, el insoportable, económicamente hablando, fraude fiscal existente en España se combate más con medios no coercitivos sino disuasorios. Me viene a mente y como ejemplo, implementar desde edades tempranas una especie de asignatura a cursar de carácter obligatorio, sobre educación tributario-fiscal y su importancia, al igual que se ha hecho por ejemplo con la seguridad vial. La percepción general que se tiene en nuestra sociedad en relación con el cobro y gestión de los tributos es nefasta cuando existe, porque en ocasiones es sencillamente inexistente. Combatir esa percepción es básico porque el fraude fiscal atenta directamente contra 3 de los principios tributarios básicos a que se refiere el Art. 3.1 LGT, a saber: el de generalidad, el de la igualdad y el de la justicia. Además y por otra parte ¿de qué vale imponer una serie de obligaciones, si luego a los defraudadores se les “premia” como ya se hizo en el tiempo con la tan traída y llevada “amnistía fiscal”? ¿No encontráis en esta actitud de la Administración tributaria ante el fraude fiscal un incongruente y un contrasentido?

Otra ventaja más que evidente supone la automatización fiscal que converja en una integración global de datos fiscales que permita una interconexión de los diferentes sistemas tributarios y aunque ello supone una verdad más que razonable, a efectos prácticos y visto lo sucedido con el Brexit mucho me temo que, al menos con Gran Bretaña, esta interconexión va a resultar difícil o imposible, porque aunque Gran Bretaña permaneciese dentro del Espacio Económico Europeo-EEE (tipo Noruega), hemos de recordar que para aquellos Estados adscritos al EEE, la normativa de la UE del mercado único resulta exigible pero quedan al margen del territorio de aplicación del IVA, así como de las políticas agrarias y pesqueras comunes, de la unión aduanera y de la política comercial comunitaria, pudiendo por tanto, concertar acuerdos de libre comercio con terceros países. Todos estos factores confluyen, conjuntamente con otros como los Convenios Bilaterales para evitar la Doble Imposición, en la afectación a la tan deseable interconexión de sistemas tributarios y a la armonización de la normativa fiscal. 


Concluyendo con las posibles ventajas del nuevo sistema de gestión del IVA referida a la posibilidad de que la AEAT expida y remita una especie de borrador de IVA estilo al existente con respecto al IRPF, lo veo de difícil implementación, al menos a corto plazo, sobre todo porque para que ello resultase plausible tendría que existir en primer lugar un compromiso más en firme por parte de la Administración tributaria, firme compromiso que, a fecha actual no existe; y, segundo, para llevar a feliz término ese proyecto, resulta imprescindible un mayor número de empresas inscritas en el SII, y no únicamente las obligadas por imperativo legal, a ello. A estos efectos quiero adjuntar 2 noticias que me han parecido interesantes. Respecto a esta posibilidad de que la Administración tributaria remita a los contribuyentes borradores de autoliquidación del IVA, como teoría y como idea resulta muy atrayente pero a su vez comporta lo siguiente:

  • Con respecto a la Administración tributaria para su puesta en funcionamiento supondría usar más elementos técnicos y humanos, con el consiguiente incremento económico; y,
  •  Con respecto a los contribuyentes, sobra recordar que el borrador de Declaración de IRPF es un documento emitido por la Administración tributaria a mero efecto informativo (Art. 98.1 LIRPF), por lo que si el borrador de autoliquidación del IVA en proyecto no reflejase la situación tributaria real del contribuyente, no le serviría de ayuda toda vez estaría obligado al recalculo de los importes que procedan y a su declaración. 

Adjunto una serie de links muy clasificatorios a este respecto.

Doy comienzo ahora a los inconvenientes y lagunas, jurídicas y de todo tipo, que plantea el SII. Que la obligación que impone el SII va a ocasionar beneficios ¿Qué duda cabe?, pero como toda cuestión, su evolución no resulta n modo alguno pacífica ya que también tiene sus “sombras”. Me refiero más concretamente a factores tales como hacer recaer el peso de su implementación en los obligados tributarios. Los obligados tributarios, personas jurídicas y personas físicas, tenemos obligaciones formales y materiales para con la Administración tributaria, obligaciones cuyo ejemplo más obvio resulta ser el pago, pero esas obligaciones son, por una parte recíprocas y, por otra, debieran estar ponderadas entre las partes. No resulta adecuado que los beneficios que deparará implementar la SII recaigan únicamente a favor de la Administración tributaria y que los inconvenientes vayan con cargo económico y en contra de los obligados tributarios. Planteo la siguiente inquietud que me surge: ¿No creéis que una actuación de esta envergadura (magnitud de la tarea en cuanto a integración de software adecuado, una mayor carga administrativa y un nulo o inexistente plazo de 4 días otorgado para declarar las operaciones) podría estar contraviniendo el contenido del derecho del obligado tributario a que se refiere el Art. 34.k) LGTDerecho a que las actuaciones de la Administración tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa…”? Yo entiendo que sí, y mucho además, puesto que el grueso de los beneficios de tal medida recae hacia la Administración tributaria mientras que los perjuicios de topo tipo (económicos, de tiempo, de mayor carga administrativa, etc.), recaen en los obligados tributarios. Al margen de suponer por la premura, poca o nula información y demás caracteres, una forma bastante gravosa para el obligado tributario. El plazo de 4 días contemplado ex Art. 69 Bis RIVA, me parece exiguo porque, sobre todo al principio, tal celeridad puede ocasionar errores humanos, que inevitablemente derivarían en imposición de sanciones tributarias. Por ello, hubiese resultado de vital importancia no actuar con tanta celeridad y otorgar un plazo de tiempo más razonable para remitir a la Administración tributaria las facturas expedidas, las facturas recibidas, las operaciones de importación, y el resto de información a que se refiere el SII, sobre todo a tenor de lo que establece el Art. 85 LGT referido al deber de asistencia a los obligados tributarios que compete a la Administración tributaria, deber que tiene que incluir no únicamente las actuaciones que prevé el Art. 85.2 LGT, sino que tendría que encontrarse abierto a actuaciones como el deber de información que vincula a la Administración tributaria, deber que resulta del todo inexcusable.

 

Otra desventaja para los obligados tributarios la constituye el coste económico que conllevará a las empresas, tanto en el uso de un software actualizado y seguro que resultará inicialmente complejo de utilizar y provocará inevitablemente errores humanos, errores que se traducirán (nueva ventaja para la Administración tributaria) en sanciones pecuniarias e intereses de mora. A ello hay que sumar el coste económico derivado de la formación de los empleados en la gestión del sistema y de la resolución de las incidencias que se produzcan. En relación a este tipo de desventajas relacionadas con el coste económico, es necesario volver a reincidir en lo ya antes dicho: que el grueso de beneficios que aporta su implementación serán para la Administración tributaria, y en detrimento y a coste y cargo de las empresas e indirectamente, de sus trabajadores y, caso de externalización de ese servicio a una consultoría o gestoría administrativa, el coste económica se trasladaría directamente a los clientes. Caso de externalización de este servicio, vía consultoría o gestoría, conlleva ventajas que son obvias pero a su vez la externalización representa un riesgo, toda vez que la Consultora dispondrá de una ingente cantidad de datos, datos referentes a los libros registro de facturas (Expedidas; Recibidas; de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias) y a su contenido. Por espacio, almacenamiento y demás, esos datos suelen encontrarse en la nube o Cloud computing. De todos es sabido las apetencias que se tiene por manejar y acceder al Big Data a efectos publicitarios, comerciales y de todo tipo ¿nos hemos parado a pensar que sucedería si alguien con el fin que sea, accede de forma ilícita a esos datos en poder de la Consultora o incluso de la propia empresa? Nuestra privacidad está en juego, y no es algo con lo que se pueda jugar; las cifras que se mueven alrededor de nuestros datos y de las bases de datos (BBDD) son escalofriantes. Ahí queda mi pregunta.

Referente al hándicap de la precipitación de su implementación (escaso margen de tiempo) hay que añadir el del volumen de obligados tributarios afectados (pensemos que según datos de la AEAT hablamos de un colectivo de 63.000 empresas que suponen el 80% del total de la facturación por IVA en España[i]), pero a la vista de los datos facilitados en los pies de página adjuntos, la precipitación alegada no resulta ser tal, dado que ya desde Octubre de 2014,la AEAT lanzó una estrategia de modernización en la gestión del IVA[ii], para proceder en Julio de 2015 a la publicación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAPP) un proyecto de Real Decreto para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en materia de IVA[iii], es decir, por parte de la Administración tributaria ha ido avisándose. Al final de esta aportación adjuntare una serie de PDF,s que justifican esas afirmaciones.


Para llevar que esta tarea se convierta en realidad, sobra decir que es necesario que la Administración tributaria se implique y realice un ejercicio ambicioso de implementación tanto de recursos humanos (Inspectores) como de recursos materiales (mayor grado de formación), lo que únicamente podría llevarse a cabo mediante una mayor dotación presupuestaria, existiendo cómo dificultad añadida, la necesidad por parte de la Administración tributaria, de ampliar su potencial humano así como formar al existente, dada la avalancha de nueva información que se producirá. También es importante recordar que, dada la ingente cantidad de información que se va a suministrar a la AEAT, no toda esa información será útil y provechos, por lo que la inversión económica antes referida, tanto a efectos de empresa como a efectos de funcionarios, resultará rentable. Adjunto asimismo un interesante informe redactado por la Junta de Gobierno de Inspectores de Hacienda del Estado en tal sentido.

Concluyendo con aspectos deficientemente o nulamente contemplados, hablaremos de qué sucederá con el Régimen especial del criterio de caja, por ejemplo si la operación se encuentra afectada o no por ese régimen especial; plazos establecidos para suministrar la información correspondiente a las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, etc.; así como con las particularidades referidas y escasamente contempladas en la normativa acerca de la potestad sancionadora de la Administración tributaria, su regulación normativa y efectos ante infracciones en cuanto al incumplimiento de las obligaciones contenidas en el RD 596/2016, de 2 de Diciembre. Así, la tipificación de la sanción encuentra reflejo normativo en el Art. 200.1.g) LGT que declara “Constituye infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales, entre otras: … El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente”, reglamentariamente y tipifica la infracción como grave (Art. 200.2 LGT). El importe de la sanción lo establece el párrafo 6º Art. 200.3 LGT con estas palabras “El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente, se sancionará con multa pecuniaria proporcional de un 0,5% del importe de la factura objeto del registro, con un mínimo trimestral de 300 € y un máximo de 6.000 €”. El desarrollo normativo antes citado se encuentra reflejado en los Arts. 62 a 71 RD 1624/1992 de 29 de Diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (RIVA), Arts. que regulan las obligaciones contables de los sujetos pasivos, la llevanza de los Libros Registro a través de la Sede electrónica y el plazo de presentación e ingreso de las declaraciones.

A modo recapitulatorio y de conclusión, finalizo ofreciendo mi opinión que no es otra que no hubiese sido deseable que la Administración tributaria haya actuado con tanta precipitación, procediendo, por tanto, a llevar acabo con carácter previo a su promulgación, un determinado número de pruebas o experimentos piloto, donde participaran tanto empresas como mandos intermedios de la Administración tributaria así como empresas de software, provocando así un debate e incuso realizando un brainstorming o lluvia de ideas para con todos los planteamientos aportados, evitar disfunciones posteriores.

Espero no haberos aburrido con este nuevo post, así como agradezco sinceramente vuestras impresiones, sugerencias y/o matices acerca del artículo. Muchas gracias.


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