Hector Bourget Ontiveros in Derecho General, Derecho Empresarial, Derecho / Abogados Gerente de área Jurídica • Despacho Juridico Propio Jun 4, 2016 · 2 min read · 2.0K

MARCO JURÍDICO CONCEPTUAL DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DEL DERECHO FISCAL

Toda Autoridad, en el ámbito de su competencia toma peculiaridades que permiten distinguir el tipo de Autoridad, así como el tipo de actos, por ejemplo: Si la Autoridad de la cual dimana el acto es considerada por la propia norma como Autoridad Administrativa, el acto que emanará de sus atribuciones será un acto administrativo, el cual tiene la peculiaridad de ser particular, concreto, personal, y de carácter declarativo o aplicativo.

Si el acto manifiesto proviene de una Autoridad Judicial, el acto será jurisdiccional y éste será particular, concreto, personal, de Carácter Declarativo o Aplicativo, a Instancia de parte, crea la relación triangular entre el estado y las partes; está destinado a dirimir o resolver un litigio, de acuerdo a las obligaciones contenidas en nuestras disposiciones.

En cambio, si el acto es puramente legislativo, tendrá por cualidades esenciales el ser general, abstracto, impersonal, heterónomo, coercitivo y reformista.

Ahora bien, el acto ostensible proviene entonces de una Autoridad competente, es decir, que puede conocer y resolver de un asunto determinado, sin que ello sea eximente de los particulares de ser cumplido en los términos exigidos tanto por la norma como por la propia Autoridad.

Todos los mexicanos, sea por nacimiento, naturalización, que adquieran la ciudadanía, deben cumplir cabalmente con las obligaciones que les otorga la Constitución Federal para ello, en el momento en que se acentúa el incumplimiento de un particular a una obligación que proviene de la Carta Fundamental, debe en “stricto sensu”, cumplir cabalmente.

El problema se materializa cuando el particular decide u omite simplemente no cumplir con las normas ni con sus obligaciones, o eludirlas o evadirlas, y la Autoridad se percata de ello, sea por una revisión, sea por su facultad presuntiva o porque someta al particular o contribuyente a sus facultades de comprobación, por virtud de las cuales, la Autoridad Fiscal busca detectar a los contribuyentes que no cumplen o cumplen a medias con sus obligaciones fiscales.

Para ello, cuando la Autoridad detecta este tipo de irregularidades, deberá encuadrar la conducta que considera contraria a derecho, en la propia norma a fin de que se actualice una figura jurídica dentro del marco de las infracciones, a fin de poder castigar al infractor mediante la imposición de una sanción administrativa; sólo entonces podrá sancionar, por tanto, si no se demuestra plenamente que la conducta es verdaderamente una infracción la Autoridad Fiscalizadora no podrá sancionar al infractor, en caso contrario, su actuación carecerá de constitucionalidad y su efecto mediato será la nulidad lisa y llana de dicho acto producido por una Autoridad que vulnera un derecho particular.

Son determinadas por la Autoridad cuando existe una acción u omisión que produce un sujeto obligado con la finalidad de incumplir con sus obligaciones legales.

Para ello, las infracciones tiene por consecuencia una sanción que podrá variar de acuerdo al tipo o modo en que se efectuó, así como la intención que haya tenido el sujeto infractor, cuya defensa produce un efecto revulsivo sobre la comprensión de análisis empleado por la Autoridad que en ocasiones omite ciertos requisitos o incluye otros más no previsto literalmente en la norma.

Volviendo a las infracciones, como se dijo anteriormente, producen un efecto mediato que es la sanción, la cual se podrá manifestar como la consecuencia por el incumplimiento de una obligación fiscal, lo cual se traduce como el acto de no hacer o dejar de hacer un mandato previsto y exigido por la norma.

En ese mismo contexto, cuando una norma es trasgredida pero la intención del sujeto infractor contiene efectos superiores a los previstos por la propia Autoridad, podrá encuadrarse dentro de los ilícitos fiscales que serán sancionados por una ley privativa como lo es la ley penal.

Para ello, dependiendo el tipo de conducta y su tipicidad, la Autoridad Persecutora del Delito podrá tipificar determinando la presunta responsabilidad del probable responsable ligada a un nexo de causalidad.

Con ello, ineludiblemente la Autoridad ejerce su acción penal y de reparación del daño en contra del delincuente; ahora bien, cuando se determina por dicha Autoridad la existencia de un delito debidamente acreditado, propondrá una sanción mínima y una máxima a fin de que sea el juzgador quien la califique atendiendo sus modalidades y circunstancias bajo las cuales se ejecutó el delito.

En materia Penal Fiscal, a diferencia de materia Penal “común”, no se busca la reparación del daño como actione libere in causa, fin de que una vez cubierto por el infractor, las cosas vuelvan al estado habitual en que se encontraban.

En este tipo de Derecho Penal, se busca primeramente que el inculpado purgue una pena privativa de la libertad y, posteriormente pague lo que por derecho se exija.

Por lo que se deberá abordar, en este tema, no sólo los conceptos básicos, sino se debe partir desde su concepción doctrinal, la propia Constitución.