José Sánchez Hernández en Abogados y Letrados, Estudiantes y Universitarios, Oficios y profesiones Abogado especialista en Derecho Informático • Nivolap Abogacía Digital y Legaltech 4/12/2017 · 4 min de lectura · 2,6K

Www.nivolap.es: REGULACIÓN DEL JUEGO ON-LINE (1ª PARTE): UNA APROXIMACIÓN A LOS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

www.nivolap.es:  REGULACIÓN DEL JUEGO ON-LINE (1ª PARTE): UNA APROXIMACIÓN A LOS JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS


Según la Memoria Anual 2016 elaborada por la Dirección General de Ordenación del Juego, durante ese año se movieron 8.399,71 millones de euros, un 3,03 % superior al año anterior. En lo que respecta al juego online, las cifras de juego crecen notablemente con respecto al año anterior, concretamente un 34,32 % superior al del año 2015. La conclusión de estos datos, si los comparamos con los de años atrás, es que el sector de juego se encuentra en crecimiento año tras año, y específicamente, el juego on-line aumenta a pasos agigantados.

Que el juego on-line es un sector con futuro, no hay duda; como tampoco la hay que es un negocio presente. El anonimato que proporciona jugar detrás de una pantalla, aparentemente sin nadie que nos pueda ver y controlar, y por ello sin miedo a ser juzgado por los demás, entre otras cosas, hace que muchos se aventuren en probar los juegos de azar. El problema es que, una vez que probamos este tipo de juegos, es muy fácil seguir. Y seguir. Y seguir…

Pero recordemos, nos encontramos ante un fenómeno muy actual, ya que es sobre todo con la aparición y auge de Internet cuando se empieza a apostar a través de cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet. Sin embargo, el juego en sí no es tan actual, pero ha sido un tema que ha sufrido una evolución en su aceptación por la sociedad, o al menos por los gobiernos. En España, en el momento de redacción del Código Civil, existía una regulación muy estricta, estando incluso perseguido penalmente (con algunas excepciones, como la Lotería Nacional).

El problema para los particulares del juego en el que media apuesta o precio es evidentemente el del cobro de aquello que es ganado durante el mismo. Queda claro que la parte que ha vencido lo que quiere es cobrar aquello que ha ganado a la otra parte. Se decía, de este modo, que el juego es lícito como pasatiempo e ilícito como modo de adquirir. Y esto se aprecia en nuestro Código Civil, el cuál contiene una regulación muy escasa en lo que a juego se refiere (solo cuatro artículos, del 1.798 al 1.801).

El precepto básico se encuentra en el primero de esos artículos, el artículo 1.798, que establece que “La Ley no concede acción para reclamar lo que se gana en un juego de suerte, envite o azar, pero el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que hubiese mediado dolo, o que fuera menor, o estuviera inhabilitado para administrar sus bienes.”

Sin embargo, este artículo tiene una excepción, que son los juegos permitidos (como “los juegos que contribuyen al ejercicio del cuerpo”, art. 1.800). Ese es, entonces, el sentido del artículo 1.801, cuando dice que “El que pierde en un juego o apuesta de los no prohibidos queda obligado civilmente”.

Aparentemente estos dos artículos (1.798 y 1.800) se contradicen, y la única forma de compaginar lo dispuesto en ambos es que no se puede reclamar lo ganado en un juego cuando ese juego sea de aquellos que están prohibidos. El problema, entonces, es establecer cuáles son los juegos prohibidos y no prohibidos, o, mejor dicho, los juegos lícitos o ilícitos.

Y en este sentido, en nuestro país supone un gran avance en materia de regulación del juego el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas. Este Real Decreto Ley no derogó los preceptos del Código Civil, pero estas normas que contiene el Código Civil habrán de interpretarse en relación al contexto y la realidad social (artículo 3.1).

De esta manera, la doctrina y los tribunales han venido entendiendo que es juego ilícito aquél que se realiza al margen de las regulaciones legales de cualquier orden. Es decir, cada vez que se hace una apuesta en un casino, sala de apuestas u otro lugar perfectamente autorizado, se está celebrando un contrato, concretamente un contrato aleatorio, y se podrá reclamar contra la persona que participó por aquellas cantidades perdidas. Esta regulación quedaba totalmente obsoleta en pleno siglo XXI, y no es hasta 2011 cuando se aprueba la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego. En esta Ley se contienen las definiciones de juego y apuesta:

“a) Juego. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.”

En esta definición se observan tres elementos por los que se define a los juegos objeto de esta Ley:

1.º Componente pecuniario: se debe arriesgar dinero u otros objetos evaluables económicamente.

2.º Transferencia entre los participantes del componente pecuniario. El que pierde deberá pagar al que gana, y éste tiene derecho a reclamarlo.

3.º Dependencia del azar (total o parcialmente). Total: dependen exclusivamente del azar, suerte o envite. Parcial: dependen en parte del azar y en parte de la destreza de los jugadores

“c) Apuestas. Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su modalidad, aquella actividad de juego en la que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado cuyo desenlace es incierto y ajeno a los participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga en función de las cantidades arriesgadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la concreta modalidad de apuesta”.

Desde el punto de vista civil, el contrato de juego y apuesta tiene una doble perspectiva: primero, el contrato de juego y apuesta en sí mismo; y segundo, su eficacia y cumplimiento. Y esa doble visión es puesta de relieve por Diez-Picazo al señalar que lo que importa al derecho civil no es el juego propiamente considerado, sino lo que se gana o pierde en el juego (es decir, la apuesta), puesto que no hay una prestación que consista en jugar, sino una prestación patrimonial como consecuencia del juego.

De este modo, está haciendo una diferenciación entre juego y apuesta. El Código Civil no hace esta diferencia, pero sin embargo es posible que exista un contrato de apuesta sin que haya juego (por ejemplo, se podría apostar cuántos días va a nevar este invierno en un determinado lugar), y viceversa, un juego sin apuesta (juego por sola diversión). La Ley de Regulación del Juego sí lo diferencia, pero ambos tienen un elemento en común, que es el desplazamiento patrimonial.

Al margen de debates acerca de la definición entre juego y apuesta, ambos son conceptos que van de la mano para el derecho y tienen un régimen jurídico común. En el caso de España, concretamente la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, que se ve completada y desarrollada, sin perjuicio de las competencias autonómicas, por Reales Decretos, Órdenes Ministeriales (que regulan cada juego) y las Resoluciones de la Dirección General de Ordenación del Juego.


ARTÍCULO ORIGINAL EN: https://nivolap.es/regulacion-del-juego-online-primera-parte/